Con los brazos atados, se encuentra el director general de tributación de la Municipalidad Provincial de Cusco (MPC), Mariano Baca Anaya. No puede cobrar el impuesto predial de reconocidas empresas que operan en el casco monumental de la Ciudad Imperial debido a los convenios entre la Iglesia católica y el Estado. Ello se debe a la Ley de Promoción a la Inversión Privada, instaurada en el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori.

Los propietarios del lujoso hotel Monasterio y de las instalaciones de la estación ferroviaria de San Pedro están exceptuados de pagar el impuesto municipal pese a generar elevadas cantidades de ingresos económicos.

“El ferrocarril trasandino, así como el Monasterio este último local de propiedad de la Iglesia, está exonerado de todo arbitrio municipal. Eso nos limita de recibir una considerable cantidad para las arcas ediles”, citó el funcionario.

Baca Anaya refirió que, con el hotel Monasterio, llegaron a un acuerdo por conceptos como limpieza y otros. No obstante, Ferrocarril Trasandino no reconoce ningún tributo por concepto municipal. “Es un problema que data desde el año de 1993”, agregó.

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